Koeyú Latinoamericano

El gobierno renuncia a un proceso de transición hacia la justicia social

La actual situación del país hace necesario preguntarse si es válido acceder al gobierno para la mera conservación del orden existente dejando de lado el cambio de reglas y la transformación social.

Antonio Elías
Brecha, Montevideo, 11 de noviembre de 2005.


El modelo económico que implementa el gobierno pone en riesgo un proyecto histórico y una estrategia de acumulación del movimiento popular que se inició en la década del 60, con sus antecedentes fundacionales en el Congreso del Pueblo (1965), la unidad del movimiento sindical en la Convención Nacional de Trabajadores (1966) -proceso iniciado dos años antes- y de las fuerzas políticas de izquierda en el Frente Amplio (1971).

El programa de liberación nacional, antiimperialista y antioligárquico aprobado en el Congreso del Pueblo, que incluía entre sus principales medidas la ruptura con el fmi, la reforma agraria y la nacionalización del comercio exterior y la banca fue adoptado como propio por la cnt en el momento de su fundación. Muchas cosas han cambiado en estos años, pero deberá aceptarse que los niveles de dependencia y vulnerabilidad de nuestra economía se han acrecentado con la apertura indiscriminada impulsada por la dictadura militar y los gobiernos de los partidos tradicionales y que el imperialismo norteamericano continúa apropiándose del mundo.

Por tanto, si se asume la validez de lo anteriormente señalado, el gobierno progresista podría haber adoptado la concepción emancipadora del programa histórico de la izquierda adecuado en sus instrumentos a la actual situación de la economía nacional y mundial y no, lo que se hizo, asumir como propio el programa del fmi al margen de los estragos y la devastación que ha generado en nuestro continente.

No se está proponiendo que se implemente ahora el programa del Consejo del Pueblo, pero sí que se suma que el mismo es un antecedente legítimo y con fundamentos pra la elaboración de un proyecto económico alternativo, el cual debería construirse en forma pareticipativa y democrática.

MAS REALISTAS QUE EL REY. Los acuerdos concretados con el fmi y la nueva versión del tratado de inversiones con estados Unidos consolidan y profundizar el modelo económico que llevaran adelante los gobiernos de los partidos tradicionales. En la misma dirección avanza la propuesta de pasar las empresas públicas al derecho privado y asociarlas con empresas extranjeras. Si bien es cierto que no es lo mismo asociar una empresa pública que privatizarla, también debe reconocerse que dichas asociaciones implican ceder partes significativas del mercado interno al capital foráneo. La búsqueda de los equilibrios macroeconómicos de corto plazo orienta la toma de decisiones en política económica y demuestran la falta de voluntad, o la incapacidad, para construir una estrategia de desarrollo de largo plazo.

No puede ignorarse, por lo demás, que increíblemente el nuevo gobierno repite las recetas equivocadas que nos llevaron a las crisis de 1982 y 2002. Apuesta por una política monetaria antinflacionaria -por tanto restrictiva-, la cual genera los mismos síntomas que precedieron a las crisis anteriores: cotización del dólar baja y reducción drástica de la competitividad por la sobrevaloración de la moneda nacional; crecimiento de las importaciones mayor que las exportaciones y ascenso del desempleo. Es de señalar, en particular, que los precios en dólares de Uruguay son 30 por ciento superiores a los de Argentina, su principal socio comercial, tomando como base 1999.

La reiteración de la opción por una inserción internacional con base en la apertura indiscriminada y la reafirmación del mercado como principal mecanismo para la asignación de recursos, aumenta la vulnerabilidad de nuestra economía y crea condiciones para una profunda frustración en una ciudadanía que apostó por el desplazamiento del "pensamiento único" predominante en lo económico.

El tan reiterado objetivo popular de avanzar hacia un país productivo con justicia social y profundización democrática se extingue ante el ímpetu con el cual el equipo económico apuesta a la buena voluntad del mercado, en particular a la inversión extranjera. La necesidad imperiosa de enviar "señales" positivas al gran capital alcanza ámbitos más allá de lo estrictamente económico y compromete la política exterior y militar.

¿Puede ignorarse acaso que la globalización capitalista y su modelo económico, el neoliberalismo, apuntan a la penetración de las empresas trasnacionales en todos los ámbitos de la economía utilizando como instrumentos fundamentales, indisolublemente ligados, a los organismos multilaterales de crédito y a las fuerzas militares de Estados Unidos? ¿O acaso se puede disociar la realidad de tal forma que se entienda que las tropas y la marina estadounidenses con las que se realizan maniobras o se interviene en Haití son otras, y no las mismas, que ocupan Irak y bloquean Cuba? En este plano la dignidad del diputado Guillermo Chiflet marca el camino que debería recorrer este gobierno: la ética de los principios.

¿Cómo no entender y compartir la desazón de aquellos que se han identificado con una izquierda que nada tiene que ver con la "izquierda" fondomonetarista del ministro de Economía? ¿Cómo no rechazar la concepción económica predominante en el gobierno que, compartiendo los lineamientos del fmi, pretende crear nuevos ámbitos para la inversión extranjera?

EN LA CRUZ DE LOS CAMINOS No alcanza con no meter las manos en la lata, aunque esto es necesario para que haya un buen gobierno. Para responder a los requerimientos de una economía desindustrializada y una población empobrecida, es insoslayable aumentar sustancialmente la capacidad de gobierno, lo que implica, necesariamente, democratizar el proceso de decisiones, abriendo la puerta a la participación efectiva, no declarativa como hasta ahora, de la sociedad en la definición de una estrategia de desarrollo que sea la piedra angular de un nuevo proyecto de país.

Ningún gobernante tiene derecho a creerse tan omnipotente para suponer que se pueden construir consensos en el interior del país luego de haber sellado acuerdos con el fmi, que reducen sustancialmente el margen de maniobra para una negociación con trabajadores y empresarios. El gobierno ha negociado y acordado con los organismos multilaterales de crédito, mientras en el promocionado "Compromiso nacional por empleo, ingreso y responsabilidades", lanzado el 19 de mayo pasado, no ha logrado ningún acuerdo operativo salvo lo referido al número de comisiones y los días de reunión. En ese ámbito el gobierno se ha negado terminantemente a discutir la estrategia de desarrollo, ha emitido documentos que reiteran su enfoque ortodoxo de la macroeconomía y no se ha dignado a dar respuesta a los documentos con propuestas presentados por trabajadores y empresarios.

Había comprometido su vocación participativa abriendo espacios para la inclusión y la participación de las fuerzas representativas de la sociedad, y cuando ya han sido definidas las grandes líneas del programa a aplicar en los próximos cinco años, las posibilidades reales, concretas, de participar e influir han sido muy escasas.

La convocatoria al "Compromiso nacional" -espacio privilegiado por el gobierno para llegar a su "soñado" pacto social donde todos ganan- ha mostrado los límites de un proceso de participación "constreñido y acotado" a lo que ya se negoció y acordó con el fmi por tres años.

Quedó fuera de dicho ámbito de diálogo nada menos que el presupuesto nacional y la agenda de cambios estructurales que incluye entre sus perlas la autonomía del Banco Central. En setiembre, luego de la primera auditoría del fmi, se amplió el acuerdo para abrir paso a la inversión privada en asociación con empresas públicas, las que pasarían a ser regidas por el derecho privado, con la consiguiente pérdida de garantías para los trabajadores.

En los últimos meses se detuvo el proceso de cambio de reglas que tendía al fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores frente a los empresarios y el Estado. Cuando parecía avanzarse, claramente, en la reducción de las asimetrías de poder entre el capital y el trabajo, el proyecto de ley aprobado en diputados paso a discutirse fuera del parlamento en un ámbito cuatripartito (ejecutivo, legislativo, empresarios y trabajadores) en el que no se alcanzaron acuerdos.

En este tema, el gobierno se enfrenta a una disyuntiva muy importante para el futuro del país: apuesta por la profundización del modelo neoliberal, amigable para la inversión del gran capital, o se distancia del mismo creando mejores condiciones para los trabajadores en la disputa con el capital.

Podrá entenderse que aún existe un gobierno en disputa, en forma real y continua, en tanto existen sectores en el gobierno dispuestos a consagrar en el marco legal el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para enfrentar al capital. En la resolución que tome el Senado respecto al contenido y a la aprobación de la ley de libertades sindicales se demostrará cuál es el camino elegido.

Entre la agenda del cambio y el cambio de senda. Debería reconocerse que no es posible resolver los graves problemas y el futuro económico del país sin destruir el blindaje institucional y el bloqueo mental creado por el neoliberalismo para penetrar nuestra economía.

Han fracasado las políticas centradas en mejorar el sistema de incentivos mediante la apertura, la desregulación y la liberalización de mercados.

El problema fundamental no está en la rapidez de los cambios sino en la dirección de los mismos: o se crea una nueva trayectoria o se consolida el predominio del capital trasnacional y sus aliados locales. Para implantar un nuevo modelo de desarrollo es imprescindible un programa económico alternativo y una nueva estrategia de acumulación que le dé viabilidad.

"Precisamos un desarrollo que privilegie una verdadera inclusión social, la universalización de los bienes públicos, la eliminación de las desigualdades, la elevación de la calidad de vida, la integración de los pueblos hermanos que rescate la soberanía y dignidad de nuestro continente. Para eso es preciso trabar una dura lucha contra el neoliberalismo y la ortodoxia económica y contra todas las formas de imperialismo. Es preciso tener conciencia de que una política alternativa, si es correctamente formulada e implementada, no llevará al caos, como quieren hacer creer aquellos que defienden el mantenimiento de la actual situación. Al contrario, será capaz de reducir el desempleo, la miseria y la pobreza, además de crear mecanismos capaces de defender a nuestros países del rentismo parasitario y de la especulación desenfrenada que, de cuando en cuando, tira nuestras economías en pozos cada vez más profundos, exigiendo sacrificios cada vez mayores."*

Si retomamos lo anteriormente señalado y la concepción que inspiró el Programa del Congreso del Pueblo sería necesario realizar múltiples cambios institucionales y estructurales que incentiven la producción nacional generando los mecanismos de protección imprescindibles para nuestra economía.

Es imprescindible cambiar las reglas de juego de la economía y la sociedad creadas por el neoliberalismo a lo largo de tres décadas, utilizando para ello la dictadura militar y la guerra de baja intensidad contra la organización de los trabajadores y los movimientos sociales. Hay que desmontar un andamiaje normativo creado para favorecer la expansión del capital.


La agenda de cambios, entre otros aspectos, debería incluir:

. La creación de mecanismos de desconexión selectiva del mercado mundial. El proceso de apertura de nuestra economía nos ha dejado en debilidad absoluta respecto al poderío económico, financiero y comercial del resto del mundo. Se deben recrear las fronteras de nuestra economía, ampliada lo máximo posible en el marco sudamericano, para tener la capacidad de incidir a través de la política económica y las políticas públicas en los procesos de producción, acumulación y distribución. Es necesario impulsar procesos de integración, más allá de las permanentes dificultades y frustraciones. Nuestra economía es muy pequeña (incluso las grandes economías latinoamericanas lo son a escala mundial) y es fundamental que se pueda tener acceso a un mercado ampliado. La integración económica debe incluir necesariamente procesos de complementación productiva.

. Devolver al Estado su papel como actor fundamental del proceso económico, lo que permitiría favorecer el desarrollo del mercado interno y de actores sociales fundamentales, como los trabajadores. El Estado debe contraponerse necesariamente con un mercado que -por su propia lógica- no atiende las demandas de los que no tienen capacidad de pago, que impulsa procesos de centralización y concentración de la riqueza y que genera una salida permanente de recursos materiales y humanos de nuestra economía hacia los países centrales.

. La construcción de una normativa laboral que acabe con los procesos de flexibilización y devuelva a los trabajadores los derechos que les corresponden por su papel central en el proceso productivo.

. La creación de mecanismos para garantizar la transparencia en la gestión pública y la participación democrática e informada de la sociedad en la toma de decisiones.**

. Complementariamente, se deberá priorizar el pago de la deuda social, lo cual implicaría una nueva política presupuestal destinada a impulsar la producción nacional y la atención de las necesidades básicas. Ello implicará, necesariamente, rever la posición respecto a los acreedores de la deuda pública, en particular el fmi.

Nada de esto será posible si no se logra mantener la independencia y autonomía del movimiento sindical y las organizaciones sociales, sin la movilización popular, sin la radicalización de la democracia, sin un proceso de articulación solidaria y convergencia programática entre las fuerzas sociales y políticas dispuestas a preservar el carácter emancipador el proyecto histórico de la izquierda uruguaya.



* "Manifiesto a los pueblos de América Latina", primer documento de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, fundada el 29 de octubre en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del V Coloquio Latinoamericano de Economistas Políticos.

** No se puede dejar de señalar que este gobierno ha hecho oídos sordos, más allá de los elogios y algunas entrevistas, al proyecto de compras del Estado elaborado y presentado por el movimiento sindical.